Desde
que se crearon los primeros parlamentos más o menos democráticos, se instauró como
protección, para que los diputados pudieran tener libertad de palabra, la
inmunidad parlamentaria, el aforamiento; nada de lo que dijeran “sus señorías” podía
ser delito. También servía para prevenir que alguien pudiera implicarlos en
otro tipo de delitos, dificultando su labor parlamentaria. Cuando la libertad
de expresión se extendió a todos los ciudadanos, el aforamiento ha quedado,
aparentemente, solo para este último tipo de delitos. Tradicionalmente, el
parlamento tenía que dar su permiso al procesamiento con la fórmula: “damos
autorización para que su señoría, Fulano, pueda defender su honor”. Esta
fórmula se ha perdido (por lo que sé).
Mucho han cambiado las cosas. Y los
parlamentarios acusados se escudan en esa “inmunidad” para protegerse de la
investigación de delitos verdaderos, hasta el punto que se habla de quitar el
aforamiento.
Viene esto a cuento por lo que ha pasado con
una concejal del nuevo ayuntamiento de Madrid. Parece que está acusada de un
delito contra la iglesia católica, cuando lo que hizo fue manifestarse contra
una cuestión muy puntual: que una iglesia (la católica o cualquier otra,
supongo) tenga representación (iglesia, mezquita o sinagoga) en un organismo
público, como la universidad. Por entonces la actual concejal, no era
representante del pueblo (ni diputada, ni siquiera concejal). Lo que hizo fue
manifestar su rechazo a una situación absurda en un estado laico, ejerciendo su
libertad de expresión. Y no quiero meterme en cómo fueron las formas de su “manifestación”,
aunque fueran tan absurdas como la situación en cuestión.
Que yo sepa no se metió con la iglesia
católica (para eso debería haber hecho su “manifestación” delante de la
catedral, o cualquier otra iglesia). No, lo hizo contra una capilla determinada.
Lo único que demuestra su “imputación” es que
cada vez se va perdiendo más la libertad de expresión. Y puede que se deba a un
obsoleto “tratado con la Santa Sede”, que tampoco debería existir en un estado
laico. En ese caso, y con cierta socarronería, aconsejaría a la concejal, que
recurriera al Papa. Me da la impresión de que esa está entre las cosas que
quiere cambiar de la vieja “tradición” de la iglesia. Y conseguiría dejar en
ridículo a los legisladores de este país.